La ética y el respeto a los derechos individuales fueron el hilo conductor del foro sobre “Inteligencia artificial y justicia”, que centró la temática de Iuristicgal19, una jornada celebrada esta mañana en la Cidade da Cultura, organizada por el Colexio de Enxeñaría Técnica Informática, CPETIG, y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA, a la que asistieron cerca de un centenar de participantes, mayoritariamente profesionales de la justicia, secretarios judiciales, abogados y peritos informáticos.

En el acto de inauguración, tanto la directora de la AMTEGA, Mar Pereira, como el presidente del CPETIG, Marcos Mata, coincidieron en apelar a los principios éticos, a los derechos individuales y a la seguridad para la aplicación de la inteligencia artificial a la justicia. Mar Pereira expresó su apuesta por un escenario en el que “deben convivir la inteligencia artificial y la inteligencia humana, en un marco jurídico y ético”. Marcos Mata, por su parte, subrayó la relevancia de la inteligencia artificial para mejorar la justicia, agilizando los procedimientos judiciales y acortando plazos, si bien su uso “debe estar matizado por la inteligencia humana, para corregir el defecto de las máquinas que tienden a repetir los esquemas con el riesgo de reforzar ciertos estereotipos”. Y apeló a la necesaria reglamentación para salvaguardar los derechos individuales.

En su intervención, Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y autor del libro “Derecho de los robots”, señaló entre los principales problemas jurídicos derivados de la inteligencia artificial “la opacidad de los algoritmos y los sesgos que pueden derivar de prejuicios y provocar discriminación”, así como factores relacionados con la seguridad y la privacidad. En su opinión, siendo necesarias las recomendaciones éticas “no son suficientes, porque pueden llegar a ser papel mojado si no hay mecanismos jurídicos para el cumplimiento de los compromisos éticos”.

Eloy Velasco, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, alertó durante su ponencia de que “el 35% de las pruebas que llegan a los juzgados proceden de ciudadanos particulares; exparejas despechadas, vengadores justicieros”. Pruebas que muchas veces, añadió, “son conseguidas subrepticiamente, son por lo tanto pruebas tramposas”. Según afirmó, “las pruebas deben ser obtenidas con ética, no se pueden admitir pruebas conseguidas vulnerando los derechos fundamentales”, poniendo como ejemplo pruebas de ADN o imágenes grabadas y publicadas sin consentimiento.

El programa de la jornada se completó con una mesa redonda sobre “Las ventajas y los peligros de las nuevas herramientas tecnológicas para la defensa de nuestros derechos”, moderada por Víctor Salgado, director técnico de Iuristicgal19.